Cuando la educación se convierte en negocio
El plan del Gobierno para endurecer los requisitos de las universidades privadas revela una realidad incómoda: la universidad pública se degrada mientras florecen los chiringuitos financiados por capital privado. Un modelo de clase que amenaza el derecho a una educación superior digna y accesible para todos.
En los últimos 27 años no se ha creado ni una sola universidad pública nueva en España. En ese mismo periodo, han aparecido 27 universidades privadas, la mayoría con la oposición de la Conferencia de Rectores (CRUE). No es un dato menor, es el síntoma de una enfermedad estructural que lleva décadas gestándose: el desmantelamiento deliberado de lo público para hacer espacio —y negocio— a lo privado.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, lo ha dicho claro: «La universidad se la están cargando los que piensan que es un negocio». Y razón no le falta. La universidad, ese lugar que debería ser motor de conocimiento, ascenso social y pensamiento crítico, está siendo cercada por una lógica de mercado que la reduce a una máquina expendedora de títulos al mejor postor.
Chiringuitos académicos y elitismo disfrazado
Claro que las universidades privadas más antiguas como la Universidad de Navarra, la San Pablo CEU o la Pontificia Comillas son las universidades de las élites de nuestro país destinadas a formar a una nueva generación que defiende sus intereses. Pero actualmente, casí todas las universidades privadas que se han abierto en los últimos años no son más que chiringuitos académicos instalados en locales comerciales o polígonos industriales, sin apenas profesorado cualificado y sin investigación. Apenas cumplen con los estándares mínimos de calidad educativa. En 2026, una de cada cinco universidades privadas tendrá participación de fondos de inversión. Ya no hablamos de educación, sino de activos financieros.
¿El resultado? Se expande una universidad privada sin control, al calor de la desregulación, en muchos casos subvencionada por las propias comunidades autónomas que deberían proteger lo público. Un ejemplo sangrante es la Comunidad de Madrid, donde Ayuso lidera una ofensiva privatizadora sin precedentes, pero no es la única: también bajo gobiernos del PSOE, la universidad pública ha sido ignorada, recortada y degradada.
La ecuación perversa: recortar lo público para inflar lo privado
Todo esto se da en un contexto de infrafinanciación crónica. España invierte tan solo el 0,8% del PIB en educación universitaria, frente al 1,3% de países como Dinamarca o Finlandia. En regiones como Madrid, Cataluña o Andalucía, la situación roza lo alarmante: menos recursos, plantillas precarizadas, instalaciones obsoletas, y cada vez más alumnos por aula. Según datos de RTVE y la Fundación CYD, el 31% de la financiación de las universidades españolas ya procede del sector privado.
Lo público se asfixia mientras lo privado florece, y detrás de esta dinámica hay una clara política de clase. La universidad pública ha sido históricamente la única vía de acceso a la educación superior para la mayoría de la población. Atacarla es atacar el futuro de miles de jóvenes que no pueden pagar 8.000 euros al año por un grado en una universidad privada sin alma ni compromiso social.
Un cambio necesario y urgente
Frente a este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que endurecerá los requisitos para crear nuevas universidades privadas. Una medida que llega tarde, pero que al menos reconoce el problema. Porque no se trata solo de impedir que se abran más fábricas de títulos exprés; se trata de rescatar la universidad pública del abandono y la precariedad.
Urge una reforma estructural que blinde la financiación pública, que garantice condiciones dignas para docentes e investigadores, y que apueste por una universidad accesible, crítica y al servicio del pueblo. Porque una sociedad que convierte la educación en negocio es una sociedad que ha renunciado a la igualdad.
Y eso, ni puede ni debe ser aceptable.
