2025: El atraco inmobiliario que amenaza a una generación
Los datos con los que cerramos 2024 son claros: el precio de la vivienda sigue disparado. Mientras que los salarios apenas avanzan, los alquileres subieron un 11,5% y las compras un 4,4%, según fuentes oficiales. La desigualdad crece al ritmo de una burbuja controlada por bancos, fondos buitre y constructoras que dominan el mercado. No es un accidente; es una estrategia.
En 2025, portales como Idealista o Fotocasa anticipan un incremento de hasta el 10% en alquileres y compraventas. En regiones como Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, el esfuerzo para cubrir un alquiler ya supera el 50% de los ingresos familiares. Y no solo afecta a quienes buscan vivienda; también a quienes ya la tienen, hipotecando sus proyectos de vida.
La vivienda como arma de empobrecimiento
El reciente informe de la EAPN confirma lo que sentimos en el día a día: la vivienda es el principal factor de empobrecimiento en España. En un año, 240.000 personas han caído en riesgo de exclusión social. Un drama amplificado por un parque público raquítico: solo el 2,5% de las viviendas son sociales, frente al 10% europeo. Mientras en Países Bajos el 30% de la vivienda es pública, aquí nos desangramos por no alcanzar siquiera la media.
Los verdaderos culpables
La narrativa de que “todos los caseros son responsables” es un mito que solo beneficia a los grandes poderes. Como explica Javier Ruiz, de la Cadena SER, el problema radica en los multi-propietarios: grandes fondos como Blackstone, Cerberus y Lone Star controlan el 17% del mercado de alquiler en España. Estos gigantes dictan las reglas, especulan con los precios y ahogan a las familias.
Por si fuera poco, el gobierno ha delegado la gestión de 55.000 viviendas de la Sareb a los mismos fondos buitre, demostrando que ni siquiera los activos públicos están a salvo.
Una alternativa para recuperar el derecho a la vivienda
Ante esta crisis, necesitamos medidas estructurales y valientes que garanticen la vivienda como derecho básico. Entre ellas:
- Un gran parque de vivienda social: Construir 1,8 millones de viviendas públicas para alcanzar el 10% de vivienda social en una legislatura.
- Una empresa pública de vivienda: Gestionar viviendas sociales, rehabilitar edificios vacíos y recuperar activos de la Sareb.
- Regulación real del mercado: Acabar con la especulación de bancos y fondos de inversión, limitando su control sobre el mercado.
La lucha sigue en 2025
En 2024 vimos el surgimiento de un consenso social sin precedentes. Organizaciones ciudadanas, sociales y políticas han colocado la vivienda en el centro de la agenda. Ahora, el reto es consolidar esta lucha y enfrentar a los verdaderos responsables del atraco inmobiliario.
Porque, como nos recuerda cada mes el extracto bancario: la vivienda no es un lujo; es un derecho. Y solo uniéndonos podremos construir un futuro donde el techo no sea una trampa, sino un hogar.